Mi artículo en INFORMACION de Alicante publicado en la edición digital el 25 de junio de 2022, texto e imagen original.
Recientemente participé en un think tank sobre cómo implementar metodologías de la empresa privada para mejorar la gestión pública. Expuse que, si algo aprendí durante mi trayectoria en las diferentes entidades y puestos de responsabilidad en el sector privado, como el bancario, es la importancia de la automatización de determinados procesos en la toma de decisiones. Algo que traté de hibridar y de replicar durante mis años en el sector público. Un ejemplo fue en la contratación de gastos menores. Siempre, con foco en generar una gestión más eficiente, eficaz, transparente y sostenible.
De manera muy resumida, en el sector bancario impera el sistema de atribuciones en la concesión de préstamos y en la gestión del riesgo del cliente. A medida que el montante económico de la operación es mayor, el proceso de validación de dicha operación es más riguroso, se incrementan los filtros y es necesaria la aportación de más documentación. Además, a más importe, se suman nuevos actores como: departamentos y áreas dotados de especialistas encargados de la valoración, la fiscalización, la auditoría, el seguimiento y, especialmente, la emisión de informes favorables para su aprobación o renovación. Esto es muy similar, si no idéntico, en la contratación pública.
En el sector bancario, por necesidades de agilidad, las operaciones de menor importe históricamente han sido conferidas a la decisión y responsabilidad única y directa de los directores o gestores de oficina de la entidad y que no necesitan pasar por un nuevo filtro o a un estamento superior para su aprobación. En la Administración Pública podrían asemejarse al gasto y al contrato menor. Son aquellos gastos que, por necesidad de rapidez y urgencia, legalmente pueden autorizarse directamente por el gestor, el directivo, el técnico o el funcionario público.
Sin embargo, el paralelismo entre el sector bancario y la Administración Pública desaparece conforme evolucionan sus procedimientos y procesos con el tiempo. Si el sector bancario apuesta por la digitalización y la automatización, en el sector público, aunque electrónica, la apuesta es por una mayor burocracia y regulación. Cuando en el sector público simplemente se exigen más “informes, documentación y personas” y, además, se complica la norma (con nuevas modificaciones de Ley de Contratación Pública), en el privado se automatiza y simplifica el proceso gracias a la tecnología y a la innovación utilizando, por ejemplo, el sistema scoring.
El Scoring en la contratación pública
Este sistema tecnológico se lleva utilizando desde hace más de una década en muchos sectores de ámbito privado, especialmente en el bancario. Ayuda al profesional automatizando la toma de decisiones para aprobar o denegar operaciones. A partir de una determinada información, en base a una serie de criterios establecidos previamente, el scoring realiza un análisis del cliente y de la operación. Y, entonces, ofrece una recomendación. Que salvo excepción muy justificada debe seguirse.
En el caso de una administración pública, y concretamente en la tramitación de gastos y contratos menores (aquellos donde no es necesaria la licitación pública) la implementación de un modelo de scoring generaría una mayor eficacia en la selección del proveedor, una mayor eficiencia, una total transparencia en el proceso y una objetividad máxima. Especialmente con los commodities.
Encontramos ya algunos ejemplos en Administraciones Públicas como el de la Universidad de Murcia, impulsado en su día por Tomás Jiménez, hoy coordinador de MetaRed de la Fundación Universia, que lo implementó en su sistema de contratación de gastos menores con la aplicación “Clara”. Y, a través de un convenio de colaboración con esta universidad, se testó un piloto con éxito en Suma Gestión Tributaria durante los años 2018 y 2019 llamado Suma Proveedores.
Automatización, eficiencia, transparencia, ….
La herramienta simplifica al máximo todo el proceso de compras menores, permite la concurrencia de cualquier empresa, automatiza las peticiones de compra e informa en tiempo real a los proveedores, a los técnicos y a los ciudadanos interesados a través de un email y una alerta de la app en el móvil.
Una vez recibidas todas las ofertas de proveedores, el sistema de scoring, totalmente objetivo y automático, las analiza y realiza un ranking ordenado por idoneidad. Y recomienda la oferta más favorable al técnico, directivo o funcionario. Que, salvo excepción muy justificada, debe seguirse.
Entre las posibles variables a introducir en el scoring para el análisis automatizado encontramos el precio, problemas anteriores de calidad y servicio o posibles asuntos pendientes con la Administración Pública. Un sistema que va más allá del precio. No hablamos de buscar un low cost, sino de la opción más idónea y objetiva. Se trata de agilizar y eliminar o minimizar al máximo el juicio de valor. Incluso que contemple normas de la Ley de Contratos del Sector Público que evite posibles errores administrativos.
Además, una vez seleccionada la oferta más conveniente para dicho gasto o contrato menor, de nuevo, la herramienta informa del resultado a todos los interesados (proveedores, técnicos y ciudadanos) por correo electrónico y a través de una alerta de la app. Así mismo, de forma anonimizada, indica públicamente el precio más alto, el más bajo y el precio medio de todas las ofertas recibidas. Todo pudiendo ser conectado al portal de transparencia de manera online actualizándose inmediatamente a la vista de todos.
Quizá, el modelo scoring sea el primer paso para automatizar la contratación pública antes de llegar a los Smart Contracts y a la implementación de tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial, la robótica aplicada a procesos (RPA), el Big Data o el blockchain. Recordemos que el verdadero fin es generar una administración más eficiente, eficaz, transparente y sostenible.
Enlace a la noticia y medio original: INFORMACION publicado en la edición digital el 25 de junio de 2022
https://www.informacion.es/opinion/2022/06/24/hibridacion-modelos-gestion-privada-contratacion-67623658.html